Cuando fue procurador del Tesoro intervino en la causa YPF, ¿qué opina del fallo que obliga al país a pagar US$16.000 millones?

Eso me toca en una historia personal. Yo en alguna parte del proceso he liderado la estrategia judicial de ese juicio y mi primera reacción es de pena y vergüenza. La segunda, de enorme preocupación. Estamos hablando de 16 mil millones de dólares y hoy YPF vale un tercio de eso. ¡Son tres YPF! Le decía tristeza en primer lugar porque uno lee las 31 carillas que tiene esa sentencia y son lapidarias, pero no por los argumentos jurídicos. Son lapidarias respecto del comportamiento de quienes llevaron adelante ese proceso en Argentina, puntualmente un funcionario que hoy es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof). Ahí volvemos quizás para atrás ¿no? La baja calidad institucional también tiene que ver con la baja calidad de la élite en Argentina. Ahora nos detengamos en un punto: hay cuestiones que son políticas no justiciables. Decidir o no la estatización o la expropiación de la compañía es una decisión política. Después viene el proceso de cómo se hace. Y el cómo tiene que ver con el derecho. El problema viene cuando esa decisión se toma mal, impregnada de política, y así vienen todos los errores, que incluyen haber entrado a los gritos, saltando y cantando una marcha partidaria por los ascensores de la empresa, en ese momento enteramente privada; esas palabras prepotentes que se dijeron en la prensa y en el Congreso como, por ejemplo, que no íbamos a pisar la trampa del oso y que no íbamos a pagar ni un centavo, que incluso nos iban a pagar ellos a nosotros. Mire en lo que ha terminado. Eso es negligencia, impericia. Alguien tiene que hacerse cargo de eso y seremos todos los argentinos y lo que es más grave, las generaciones futuras. Cómo no preocuparse por algo así. Es el crédito de la Nación Argentina lo que está en juego.

Desde la Procuración del Tesoro, Ud. había planteado otra estrategia que luego fue abandonada ¿Por qué?

No sé bien por qué, le soy franco. Uno en un juicio, sobre todo de este de esta magnitud, generalmente lo que mira son dos cosas: el plano del tiempo, y sobre la base del plano del tiempo va tratando de construir argumentos. Los argumentos que ya tiene en la mano va tratando de que tomen vigor o fuerza y eso generalmente se logra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el juicio, uno gana tiempo con ciertas medidas que son parte de toda una estrategia, y entre tiempo y mayor vigor en los argumentos uno va intentando corregir y solidificar su posición. Esta mirada tenía dos grandes aspectos, uno era un proceso de discovery que es un proceso que existe en el Derecho americano de apertura a prueba muy profundo, y otro era una acción que había en España en un concurso de una de las sociedades que había sido accionista de YPF (el Grupo Petersen). En esos dos espacios del mapa procesal es donde nosotros intentábamos no solamente ganar tiempo, sino, y sobre todo, solidificar nuestra posición. Esos dos espacios procesales fueron abandonados, no sé las razones. Se fue a un juicio que se llama de puro derecho, y el resultado fue el peor. Y digo el peor porque ni siquiera los analistas más hostiles contra la posición argentina imaginaban que serían 16.000 millones de dólares. Era un cálculo que nadie tomaba en consideración, era un extremo exagerado de lo que pedía este fondo (Burford) en sus presentaciones formales.

¿Cuáles eran los planteos de su estrategia?

Había dos planteos argumentales. Uno que se llama enriquecimiento sin causa, que existe también en nuestro derecho. Que ese crédito litigioso Burford lo compró (al Grupo Petersen, de Eskenazi) por 15 millones de euros, con un derecho a cobrar como resultado de eso equivalente a 16.000 millones de dólares. Eso se llama enriquecimiento sin causa y sobre eso intentamos trabajar. Hay, por otro lado, un artículo en el Código Civil Español que limita, bajo ciertas circunstancias, la venta de créditos litigiosos. Lo que intentábamos hacer era quitarle validez a la venta de ese crédito litigioso.

¿Esas dos líneas directamente se abandonaron?

El discovery se redujo a la mínima expresión y se fue a un juicio de puro derecho. Y en España se abandonó la acción hasta donde sé.

El fallo de la juez Loretta Preska ¿beneficia al grupo Petersen?

Se presentó en la Justicia de New York el contrato de venta de crédito litigioso del concurso de la empresa Petersen al fondo Burford, que contempla que el 30% de un resultado eventualmente favorable en el juicio, a favor de Burford, vuelve al concurso. Esto significa que vuelve eventualmente a los accionistas. Y ahí tiene la respuesta, ¿no? Estamos hablando del 30% de eventualmente 16.000 millones de dólares. Es un número enorme.

A raíz de este juicio, ¿pueden ser demandados Cristina Kirchner, quien era presidenta cuando se hizo la expropiación de YPF, y el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof?

Hay una causa penal que también está hace mucho tiempo, tiene varias capas geológicas que van revelando la historia del YPF. Es una causa penal que empezó la doctora (Elisa) Carrió incluso antes de la estatización, empezó con la primera venta de acciones de YPF realizada con el argumento de la necesidad de que ingresen accionistas especialistas en mercados regulados. Esa fue la primera denuncia, vinieron varias después, que se fueron agregando, y esa causa penal está pendiente de resolverse. Es en ese marco donde entiendo que debería determinarse si existe responsabilidad penal. Hay otro aspecto que es la responsabilidad civil, que es el resarcimiento por daño al Estado. Y si uno lee las 31 páginas de la sentencia de la jueza americana, da para pensar. No me animaría a afirmar nada tan contundente, pero da para pensar.

En los últimos días se tensó la relación con Paraguay a raíz del cobro de peaje en la hidrovía, ¿cómo ve esto?

La hidrovía es central por muchas razones. La Argentina necesita el tránsito interno y necesita las salidas. En el caso de Salta por Chile, por el puerto de Mejillones, en el caso de Mendoza por la cordillera, por los puertos que ya todo el mundo conoce, que son Buenos Aires o Rosario, y la hidrovía forma parte de eso. ¿Cómo uno puede poner en riesgo todo esto con dichos gravísimos? Y esto es parte del mal funcionamiento. Volvemos al inicio de la conversación: uno tiene responsabilidades institucionales cuando habla y sobre todo cuando habla en el exterior o cuando habla ante el Congreso. Fíjese en el caso de YPF y ahora en la hidrovía. Hablar y comprometerse a una cosa, y luego desdecirse y hacer otra tiene consecuencias gravísimas en el plano internacional. Y no solo con la hidrovía, lo que ocurrió con el FMI también. Se le dijo una cosa, se firmó un acuerdo y se lo incumplió a la semana siguiente. Cuando se firma con un organismo multilateral o se compromete la palabra no es la palabra de uno, es la palabra del Estado argentino la que está comprometiéndose. Y violarla tiene una responsabilidad y está mal. Entonces, volvemos a la solicitada y al valor de la Constitución Nacional

¿Cuánto puede escalar el conflicto con Paraguay?

Esperemos que no escale. Si lo ponemos en dimensión temporal, este es un gobierno que está en salida, claramente. Así que supongo que será cuestión de tiempo para que se lime la aspereza y podamos de una vez pensar de nuevo en el buen funcionamiento del Mercosur.

A un mes de las elecciones generales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, difundió ayer un nuevo spot de campaña en el que promete crear una cárcel de “máxima seguridad” en caso de llegar a la Casa Rosada.

“Una de las primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de la impunidad y protección de los políticos kirchneristas”, sostuvo Bullrich en un video que publicó en las redes sociales, a tono con sus habituales críticas al espacio que lidera Cristina Kirchner. .

La particularidad de la pieza audiovisual, que se dio a conocer a cuatro semanas de los comicios, radica en que la candidata de Juntos por el Cambio se muestra junto a la maqueta de esa prisión y al final se puede leer el nombre del futuro penal: “Dra. Cristina Fernández

de Kirchner”.

En el spot de campaña, que dura tan solo un minuto, se observa una maqueta del penal que es alumbrada por una luz, mientras la voz en off de la candidata describe la medida. “Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora. Con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad”, explicó Bullrich.

En esa línea, la candidata presidencial cerró ayer su gira por el litoral con un anuncio sobre seguridad. “Vamos a construir la cárcel más importante para meter a los narcos, a los criminales, a los violadores, esa cárcel va a tener la mejor tecnología, ningún tipo de comunicación, tropas de élite del servicio penitenciario, de élite, incorruptibles. Esa cárcel se va a llamar Doctora Cristina Fernández de Kirchner.”

Continuando con la segunda caravana por el país, ayer, luego de visitar la provincia de Entre Ríos, Bullrich comenzó su recorrida por la provincia de Santa Fe.

“Vivimos en un estado de anomia que nos ha llevado a algo peor que es el estado de excepción permanente”.

“Con YPF se fue a un juicio que se llama de puro derecho, y el resultado fue el peor: 16.000 millones de dólares”.

“Hablar una cosa y luego desdecirse y hacer otra tiene consecuencias gravísimas en el plano internacional”.