A pocas horas de una cumbre encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz con autoridades de Seguridad y de Justicia para analizar la problemática de los cortes en la ruta nacional 34, la actividad ilegal, disfrazada de reclamo social, se hizo presente una vez más con los bloqueos sobre la cinta asfáltica, pero también con el cobro compulsivo de “peajes” bajo inescrupulosas amenazas a los conductores que necesitan transitar por el norte de la provincia.

Supuestos miembros de las comunidades originarias del lugar “hicieron caja” cobrando peaje a los transportistas. La nueva protesta se dio en las últimas horas en medio del anuncio de elaboración de un protocolo para prevenir los piquetes que se hicieron cotidianos en el norte de la provincia. Según lo anunciado, este protocolo incluiría tareas preventivas para anticiparse a los piquetes y evitar los corte de la ruta pero, de acuerdo a lo que pudo observarse en las últimas horas en el norte, las medidas están lejos de aplicarse y la solución no llega.

Alrededor de las 10 de la mañana de ayer comunidades originarias de General Mosconi que residen a un costado de la ruta nacional 34 cortaron la mencionada ruta, exigiendo agua, bolsones y soluciones habitacionales, entre otras exigencias.

Pero como siempre sucede y a pesar de los anuncios del Gobierno de la Provincia, que junto a la Justicia Federal anticiparon que evitarían los cortes totales y el cobro de peajes en los pasos alternativos, medio centenar de muchachos jóvenes se instalaron en los pasos alternativos cobrando para permitir el paso por estos lugares, colindantes a la ruta nacional 34.

“Te sacan plata, si ven que dentro del auto tenés una campera también te exigen que se las des. Tuve que pagarle a 4 grupos y dejarles un rompeviento porque en el lugar no hay ni un solo policía, ni un gendarme”, explicó un transportista que cruzó pasadas las 13 horas. El mismo automovilista se animó a tomar fotografías de la manera en que a la vista de todos los sujetos cobran para permitir el paso, sin que ningún miembro de fuerza provincial ni federal tome algún tipo de intervención en este tipo de hechos.

La situación pasó de eventual a sistemática y lo peor es que aquellos que por urgencia, trabajo o necesidad deben transitar por la ruta, se ven obligados a pagar el peaje que se repite sobre los mismos pasos alternativos. Es decir, tampoco sirve pagar estas extorsiones ya que tampoco hay garantías para quienes lo hacen de que puedan seguir su camino, ya que a pocos metros más adelante seguramente aparecerá otro grupo que también exigirá el pago. Lo increíble se dio el fin de semana anterior cuando en uno de estos cortes había niños de 10 años con hondas en sus manos también “haciendo negocios” con los automovilistas que ya habían pagado dos veces por cruzar por el camino alternativo.

En este complejo escenario el gobernador Gustavo Sáenz convocó la semana pasada a una reunión al procurador general de Salta, Pedro García Castiella; al fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba; al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, y al fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, para consensuar un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas.

El documento, se anticipó, buscaría dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía que ve afectado su derecho de circulación.

En diálogo con El Tribuno, Eduardo Villalba, coordinador de Distrito de la Unidad Fiscal Federal Salta, expresó que la idea es “evitar” los cortes de ruta actuando de manera rápida y coordinada para poder anticiparse a los hechos.