La detención de Facundo Jones Huala no pondrá fin a la violencia mapuche en la Patagonia, en ambas laderas de la Cordillera. Una violencia que pone en juego la soberanía y la autoridad del Estado y amenaza a la paz social.

En todos los países del oeste sudamericano la pérdida del control del Estado sobre el territorio es un fenómeno generalizado. Ese abandono ha dado lugar al surgimiento y crecimiento de organizaciones políticas, indigenistas o del crimen organizado que conviven en esa “tierra de nadie” como aliados o como enemigos según las circunstancias.

Es el escenario que vivió Colombia desde el asesinato de Eliecer Gaitán, en Bogotá, hace 75 años, que derivó en un gobierno conservador autoritario y la persecución de los liberales, que se refugiaron en el monte. Allí surgieron las FARC y otras organizaciones armadas, pero también el crimen organizado y los grupos paramilitares. No es historia antigua, como no lo es la trágica experiencia de los peruanos con Sendero Luminoso, una organización despiadada que intentó una revolución campesina. La elección de Pedro Castillo, en un país políticamente desmembrado, así como su destitución y la revuelta sangrienta de estos días son señales elocuentes. Así lo percibe el ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien intenta convertir la revuelta peruana en una expansión del proyecto formulado teóricamente por su ex vice Álvaro García Linera, el de la América plurinacional. Por eso Evo tiene prohibido el ingreso al territorio de Perú. El objetivo es explícito: una “integración plurinacional y antiimperialista entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de toda la región”.

De ese modo se relativizan valores como “soberanía”, “territorio”, “derechos de propiedad” y, fundamentalmente, la noción misma de Estado. Esa es la esencia del reclamo violento de la Resistencia Ancestral Mapuche que reivindica como su territorio ancestral al espacio que se extiende entre los océanos Atlántico y Pacífico, abarcado en la Argentina el norte de la Patagonia, Cuyo y la Región pampeana. Aunque la propuesta de Evo está focalizada en lo que fueran “los cuatro suyos” de los incas, la idea directriz es la misma.

El Estado argentino, en el gobierno de Fernández, a través del INAI y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, convalida tácita o explícitamente la violencia mapuche. Las intervenciones del embajador Rafael Bielsa a favor de Jones Huala ante la Justicia chilena hablan por sí solas.

En el mismo tenor, desde hace por lo menos una década, las ocupaciones de tierras que afectan a pequeños propietarios de los Valles Calchaquíes en Salta han contado con la ambigüedad de las leyes argentinas y la aquiescencia de los gobiernos y los jueces y fiscales de Salta.

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez planteó la inconstitucionalidad de una decisión del INAI, que cedió a las comunidades mapuches Lof El Sosneado y Lof Suyai Levf, unas 21.000 hectáreas ocupadas (para el Gobierno provincial, ilegalmente), en San Rafael y Malargüe.

El apoyo político es indisimulado: las agrupaciones kirchneristas que organizan la séptima marcha a Lago Escondido estaban en El Bolsón y vuelven a la carga a la estancia de Joseph Lewis. Se trata de representantes de La Cámpora, la CTA y algunos gremios de la CGT. Actúan en consonancia con la ocupación que protagonizó en diciembre Juan Grabois. Todos ellos comparten el Proyecto Artigas, una estrategia territorial que invoca la “repoblación del territorio” y se propone una suerte de Reforma Agraria, con expropiaciones incluidas, que favorezcan, dicen, el desarrollo de la agricultura familiar en todo el país. La “agricultura del futuro”.