Sobre César Gómez y Luis Enrique Juárez, la Fiscalía determinó que prestaron sus nombres apareciendo como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en la AFIP.

Sin embargo, figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas como encargados de realizar obras públicas.

Durante la investigación fiscal se acreditó que, en realidad, los fondos que el intendente Julio Jalit y el tesorero Ricardo Enrique Murúa extraían de las cuentas municipales mediante cheques eran negociados o percibidos por Astillero, una comercializadora de combustibles representada por Macarón y Klarmann, ambos ligados también a KyM, empresa del rubro de la que Jalit fuera empleado antes de convertirse en el intendente millonario de un municipio empobrecido.