Alberto Fernández respaldó a los movimientos sociales, las organizaciones sociales reivindicaron a la economía popular y La Cámpora respaldó la postura de la vicepresidenta Cristina Fernández quien habló de la tercerización de las políticas sociales.

El ministro de Desarrollo bonaerense, y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, defendió la postura de CFK y agregó que para él hubiese sido bueno que el Gobierno sostuviera el IFE, en lugar de crear el programa Potenciar Trabajo. Entre enero de 2020 y enero de 2021, el gobierno de Alberto Fernández le destinó $82.705.119.547 al programa Potenciar trabajo que maneja el secretario de la economía social y principal referente del movimiento Evita.

El debate a nivel nacional quedó abierto y sobre el tema

El Tribuno consultó a los intendentes del norte de la provincia. Si hay funcionarios públicos que conocen lo que implicaría manejar desde las comunas los planes sociales, son los intendentes norteños, en especial Isidro Ruarte, jefe comunal de General Mosconi desde el año 1989 y a quien le tocó lidiar con los conflictos sociales más difíciles que se vivieron en Salta y que tuvieron como foco precisamente el departamento San Martín.

“No en estas condiciones”

“No aceptaría; jamás aceptaría manejar los planes sociales mientras las condiciones sean las actuales” comenzó explicando el experimentado intendente norteño Isidro Ruarte, que fue destituído en 1997, precisamente cuando se buscaba descomprimir el primer corte de ruta de Salta, algo que de hecho no sucedió porque la virulencia social fue en aumento hasta que en noviembre del año 2000 se produjeron los saqueos de Tartagal y Mosconi liderados precisamente por los dirigentes sociales de ambos municipios.

Para Ruarte “no están dadas las condiciones para que al menos el municipio de Mosconi maneje 5 mil planes sociales como los que tenemos en esta localidad. En el municipio entre empleados de planta permanente, contratados y eventuales son alrededor de 800 y aún así todos los meses tenemos que hacer muchos esfuerzos para que se mantenga el órden. Con 5 mil planes sociales necesitaríamos de una logística muy grande para administrarlos y controlarlos para que presten algún servicio”.

“Soy intendente de Mosconi pero la verdad, no tengo idea qué hacen esos 5 mil beneficiarios, más allá de ir a las movilizaciones o a cortar la ruta cuando se los convoca”, expresó sin medias tintas Isidro Ruarte, quien nunca tuvo una buena relación con la dirigencia social y piquetera.

El intendente mosconense explicó que “si tuviera que manejar 5 mil personas necesitaríamos armarles proyectos para que signifiquen algún beneficio para Mosconi; eso implicaría destinar personal exclusivamente para eso; tendría que darles herramientas de trabajo que la verdad, no sé si hoy las tienen ni cómo las utilizan”. “Por lo que conozco, la UTD de José ‘Pepino’ Fernández, sigue manejando algo así como 1.000 planes sociales, pero hay otras que los manejan y distribuyen entre las comunidades originarias; también hay otros dirigentes más con lo que no tengo ninguna relación pero estas organizaciones sociales son un montón. Los recursos que manejan son millones pero qué hacen, la verdad es que desconozco”, cerró Ruarte.

“Administrar los planes”

Gerardo Córdoba, intendente de General Ballivián, tuvo una opinión distinta a la de

Isidro Ruarte. “Hay que tener en cuenta que nosotros administramos un municipio chico, donde la mayoría de estos planes sociales tienen como beneficiario a las comunidades originarias. Pero si esa iniciativa prospera yo estaría dispuesto a administrar todos esos planes sociales y además darle un incentivo económico por parte del municipio a los beneficiarios”. Precisó que “en este momento no puedo dar un número exacto de beneficiarios porque los dirigentes que los manejan no son afines a mi administración municipal y no tenemos prácticamente relación. Pero si eventualmente y en algún momento desde el municipio tenemos que administrarlos, sería muy bueno para todos porque de esa manera nos aseguraríamos que todos presten sus servicios y además sería bueno para ellos porque podemos, inclusive, darles un incentivo más. Estoy informado del tema pero hasta el momento no hay nada concreto. Para General Ballivián sería muy bueno”, expresó.

“Transparentar la ayuda”

Lo dijo Adrián Zigarán, el interventor de Salvador Mazza. Cuántos beneficiarios de planes sociales tiene la fronteriza localidad de Salvador Mazza es uno de los secretos mejor guardados por los dirigentes sociales al punto que ni la Provincia pudo conocer cuántos son o qué contraprestación realizan: “El primer punto sería saber cuántos son los planes sociales, blanquear esa situación porque la Provincia nunca pudo saber quiénes reciben planes sociales, pero no solo en Salvador Mazza sino en ningún municipio; ante ese desconocimiento se desvirtúa el tema de la ayuda porque hay gente que cobra planes sociales a nivel nacional pero también recibe ayuda a nivel provincial y municipal. Los listados han estado siempre ocultos”, opinó Zigarán, quien, además, consideró que de tomarse esa decisión de que sean los municipios los encargados de administrar los planes sociales “en el caso de Salvador Mazza se podría hacer con total normalidad y ser administrados por el área de Desarrollo Social municipal”.

Agregó: “Sería muy interesante ver en qué condiciones están porque hay muchas declaraciones de los mismos beneficiarios que los dirigentes les retienen dinero, aseguran que quienes tienen la distribución de esos planes de ayuda social primero se las entregan a los parientes pero nunca supimos si es verdad”.

“Que pasen a los municipios sería una manera de transparentar la ayuda social y que la reciban quienes realmente la necesitan. Y como el municipio no tiene que avalar nada, no sabemos si los beneficiarios hacen o no alguna contraprestación por lo que reciben”, precisó el interventor.